15:23 del Viernes, 29 de Junio de 2012

El Partido Andalucista rechaza la propuesta del Gobierno del Estado de suprimir las mancomunidades al entender que en su gran mayoría prestan unos servicios de calidad, que dan respuesta a las necesidades reales de los municipios y que fomentan la solidaridad entre la población de distintos núcleos de población.

Para la formación nacionalista andaluza, la medida no supondría una reducción del déficit del Estado pues las mancomunidades no reciben aportación presupuestaria alguna del Estado ni de las Comunidades Autónomas, sino que se financian mediante cuotas de los municipios miembros y mediante las empresas públicas que gestionan los servicios mancomunados entre los municipios que forman parte de la mancomunidad.

De esta forma, para el PA sería un error de calado eliminar una herramienta como la mancomunidad que humanizan la política poniendo en común los problemas de los pueblos de comarcas concretas para dar soluciones prácticas y cercanas a la ciudadanía de su zona.

Los andalucistas creen que además sería necesario un importante cambio legislativo para suprimir las mancomunidades pues además de regularse mediante la Ley de Haciendas Locales, dichos organismos emanan del artículo 141 de la Constitución Española, que recoge la libre unión de municipios para prestar servicios públicos de forma conjunta. Igualmente el Estatuto de Autonomía de Andalucía trata también el asunto de las mancomunidades, por lo que el cambio normativo sería de tal envergadura que hace inviable, además de ilógica, la supresión de todas las mancomunidades.

Sin embargo, proponen los andalucistas, si se suprimiesen las ocho Diputaciones Provinciales que existen en Andalucía, para que sea la Junta de Andalucía y las mancomunidades las que asuman la prestación de los servicios, y por ende, los trabajadores públicos, el ahorro ascendería a 1.900 millones de euros, más del 80% del coste que ha supuesto el Plan de Ajuste de la Junta de Andalucía por el que ha reducido en casi 800 millones de euros el sueldo de los funcionarios o recortado hasta 130 millones de euros a las Universidades públicas de Andalucía.